Es un riesgo natural para las empresas invertir en desarrollar talento. Proporcionan capacitación, ponen a disposición del trabajador herramientas de trabajo y comparten acceso a metodologías y secretos industriales.
Para retener a ese talento ofrecen condiciones laborales flexibles, bonos por desempeño o permanencia y otros beneficios. Sin embargo, siempre será un derecho del trabajador renunciar y desarrollarse laboralmente en otro lugar.
Ante esto, los patrones pueden limitar, hasta cierto punto, los efectos de una renuncia mediante convenios de confidencialidad y no competencia, cuyos alcances son igualmente limitados.
En relaciones laborales más complejas —como en los clubes deportivos— suele invertirse en jóvenes promesas costeando, desde temprana edad, su educación, alimentación, capacitación, posicionamiento personal y viajes, entre otros conceptos. Después de varios años, estas inversiones pueden sumar miles o incluso millones. Para retener ese talento (desarrollado en buena parte a su cuenta), los clubes, además de los incentivos tradicionales, suscriben contratos con los jugadores estableciendo penalizaciones a favor del Club si aquellos rompen el contrato para contratarse con otro equipo.
Este mecanismo permite a los clubes no solo retener talento, sino también lucrar con la transferencia de jugadores. Para mantener el control, fijan penalizaciones tan altas que, en teoría, impedirían esta práctica.
A pesar de ello, existen casos como el de Neymar, quien pagó al FC Barcelona 222 millones de euros para ir a jugar al Paris Saint‑Germain en 2017. Fué mayor el incentivo por jugar en París, que la penalización fijada por el Barcelona. Se trató, evidentemente, de una decisión de conveniencia económica.
Algo similar ocurre en la política, aunque ahí ni siquiera hay una relación laboral. Miembros de un partido que durante años recibieron formación, capacitación, cobijo, publicidad institucional e incluso sueldos provenientes de recursos públicos, pueden cambiar de partido sin consecuencia material alguna.
Este fenómeno es especialmente grave cuando la persona ocupa un cargo de elección popular en el Poder Legislativo, donde el valor del legislador no depende necesariamente de sus aptitudes políticas o argumentativas, sino de su número para integrar mayorías y traiciona al partido —y al electorado que lo postuló— cuando se cambia de bancada, normalmente hacia la oficialista.
El caso más notorio y reciente en la política mexicana es el del senador Yunes, quien sin pagar penalización alguna (más allá de su ya desgastada reputación) dejó al PAN para sumarse a Morena y darles la mayoría calificada en ambas cámaras.
Aquí surgen dos preguntas:
¿Qué recibió a cambio Yunes o qué le perdonó el oficialismo?
¿Es acaso Yunes —por la millonaria contraprestación— el “Neymar” de la política mexicana?
La segunda pregunta es: ¿qué pueden hacer los partidos y la ciudadanía para defender su voto y los valores que este representa?
Los clubes hoy tienen penalidades de hasta 1,000 millones de euros por romper un contrato.
¿No podrían los partidos imponer una sanción a quien rompa su palabra y cambie de bando?
¿No podrían, al menos, solicitar el reembolso de los gastos de capacitación y campaña que financiaron?
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