«Saben que todo un país los espera, porque no les queda de otra más que esperar…».
Sofrosine
El gobierno mexicano tardó 12 años en construir un tren que conecta Toluca con la Ciudad de México a lo largo de 57.7 kilómetros. Esta demora obedece, principalmente, a un mal que aqueja la capacidad ejecutiva de nuestros gobiernos, y esta obra se erige como un monumento que encapsula muchas de esas taras.
Por supuesto, conviene recordar que el proyecto fue impulsado por el priista Enrique Peña Nieto, quien dio el banderazo de salida en 2014 con la promesa de concluirlo en 2018, lo cual, evidentemente, nunca ocurrió.
La obra pública en México suele adolecer de deficiencias desde la planeación, con procesos incompletos que no contemplan el verdadero alcance de los proyectos —ni siquiera su rentabilidad, como ocurre con el Tren Maya, fracaso rotundo por falta de pasajeros—, ni la problemática social y ambiental, ni mucho menos los trámites y permisos de los distintos entes públicos involucrados en obras de gran magnitud.
Así las cosas, la obra fue heredada al morenista Andrés Manuel López Obrador, quien incluso barajó la posibilidad de cancelarla, tal como hizo con el aeropuerto de primer mundo que también inició Peña Nieto y que ya registraba un 40% de avance. Aquella obra se canceló bajo el argumento de que estaba plagada de corrupción.
Y es que, conforme avanzaba la construcción, comenzaron a evidenciarse la falta de estudios previos sobre las características del suelo, así como de análisis topográficos, geológicos, ambientales y sociales. El gobierno de López Obrador enfrentó la oposición de comunidades enteras y particulares que, mediante suspensiones derivadas de amparos, paralizaban la obra exigiendo pago por el paso del tren por sus propiedades, reclamando el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas o denunciando daños ambientales. Esta situación provocó, incluso, modificaciones en el trazo original.
López Obrador también había prometido concluir la obra antes de que terminara su sexenio, pero tropezó con uno de los obstáculos más frecuentes en la obra pública: las dificultades económicas. Sobrevivieron recortes, falta de asignación de recursos, reducciones presupuestales, empresas contratistas que se atoraron por falta de capitalización, aumento en el costo de los materiales y toda clase de imprevistos, como el pago de indemnizaciones, la compra de terrenos y la adquisición de materiales no contemplados originalmente.
Al permanecer suspendida la obra durante varios meses, muchos materiales se oxidaron, se deterioraron e, incluso, se inundaron zonas como el terreno donde se ubica la estación de Santa Fe —que, por cierto, es un vaso regulador, situación también ignorada—. El material abandonado durante largo tiempo y la falta de pago provocaron que varios contratistas desertaran del proyecto.
De esta forma, el sexenio del morenista concluyó y apenas pudo terminarse la primera fase, el tramo más corto —Zinacantepec-Lerma—, en 2023. Un día antes de que dejara la presidencia, se inauguró la estación Santa Fe.
Hubo que esperar hasta el segundo año del gobierno de Claudia Sheinbaum para que se completara todo el trayecto anunciado en aquel lejano 2014. El 2 de febrero de 2026, la presidenta, acompañada por la gobernadora del Estado de México y la jefa de Gobierno de la CDMX, inauguró las estaciones de Santa Fe y Observatorio, punto final del recorrido que inicia en Zinacantepec, Estado de México.
La obra triplicó el tiempo previsto, atravesó tres sexenios —y, por tanto, tres presidentes—, al menos cinco secretarios de comunicaciones y transportes —o su equivalente—, tres jefes de Gobierno, tres gobernadores del Estado de México y, algo muy característico de la obra pública en México: el costo inicial se multiplicó por tres, pasando de 38 mil millones de pesos a 100 mil millones.
Justo es reconocer que los usuarios del tren califican la experiencia como positiva: se alivia el tráfico y se conectan zonas de alta demanda laboral mediante un medio de transporte económico y en buenas condiciones. El tren Toluca-México estaba justificado, pero el camino para hacerlo realidad resultó tortuoso.
No podemos soslayar que la obra no está concluida en su totalidad: las estaciones permanecen inconclusas pese a que ya opera el servicio, faltan salidas peatonales, vialidades de acceso, puntos de conexión con otros medios de transporte y obras de infraestructura urbana circundante.
Los habitantes de las zonas aledañas padecen el abandono del desastre que quedó a su alrededor. Circulan entre montículos de escombro y materiales que invaden las vialidades; desaparecieron los camellones para dar paso a espacios repletos de basura, tierra y fierros oxidados. Nadie sabe quién se hará cargo de recoger, ordenar y hacer transitables todas las áreas afectadas.
Doce años esperamos el tren Toluca-México. El desastre que dejó a su paso parece que se quedará unos años más, como todo en nuestro país: «ya llegará alguien que lo arregle…»
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